La ciudad de Buenos Aires tiene 30 días para
reducir de 7000 a
3500 las toneladas diarias de basura que envía a los rellenos sanitarios
bonaerenses. Esto se debe a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires
intimó a la
Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE) para que
dentro de un mes sólo acepte el 50% de los residuos de la Capital.
La resolución emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible reflotó la disputa entre el gobierno de Daniel Scioli y el de Mauricio Macri por el destino de los residuos sólidos urbanos y la puesta en marcha de la largamente demorada Ley de basura cero que implica un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
La Ley de basura cero postulaba en su cronograma una reducción del 30% para 2010 en la cantidad de basura porteña que se entierra, de un 50% para 2012, de un 75% para el 2017 y el fin de los envíos para 2020. Sin embargo, lejos de disminuir, el depósito de residuos provenientes de la Capital aumentó un 30% desde 2009.
Así las cosas, a través de una resolución paralela, se estableció además que los residuos industriales no especiales y los residuos de construcciones o demoliciones no podrán ser enviados a la CEAMSE sin tratamiento previo.
El problema es complejo porque, por cuestiones geográficas, la ciudad no cuenta con espacio físico para la deposición final de residuos en su territorio mientras que el relleno sanitario Norte III, donde terminan los residuos de la capital y los municipios del conurbano, está al borde del colapso.
Con la situación de fondo irresuelta y con acuerdos parciales entre Macri y Scioli basados en aumentos en el canon que la Ciudad paga por el entierro de su basura, los trabajadores de la CEAMSE bloquean el acceso de camiones al relleno de Punta Lara y a otras cuatro plantas del conurbano en rechazo al presunto proyecto de cierre de las mismas que no contemplaría la continuidad de los 1300 trabajadores.
La medida de fuerza, que paraliza por 48 horas la salida y el ingreso de camiones en los predios del organismo, provoca la acumulación de residuos la Capital y el Gran Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió a través de la vicejefa María Eugenia Vidal que es "casi imposible" implementar en un plazo de un mes la Ley de Basura Cero. Además, Vidal señaló que "en el primer trimestre" del año los porteños generaron un volumen de basura "menor al mismo período de 2011". En el mismo sentido se manifestó el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli al decir: "Seguiremos trabajando como hasta ahora para la reducción de basura, pero haría falta un milagro para que en un mes pueda ocurrir lo que están pidiendo, es muy poco tiempo”.
Cabe recordar que la CEAMSE es una sociedad del estado de carácter interjuridiccional, ya que su capital accionario lo comparte en partes iguales el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la ciudad y la provincia deben ponerse de acuerdo en un tema sensible desde lo sanitario y ambiental para 13 millones de habitantes. Resta saber, además, cual será la reacción de los intereses económicos que manejan las empresas de recolección del área metropolitana.
La resolución emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible reflotó la disputa entre el gobierno de Daniel Scioli y el de Mauricio Macri por el destino de los residuos sólidos urbanos y la puesta en marcha de la largamente demorada Ley de basura cero que implica un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
La Ley de basura cero postulaba en su cronograma una reducción del 30% para 2010 en la cantidad de basura porteña que se entierra, de un 50% para 2012, de un 75% para el 2017 y el fin de los envíos para 2020. Sin embargo, lejos de disminuir, el depósito de residuos provenientes de la Capital aumentó un 30% desde 2009.
Así las cosas, a través de una resolución paralela, se estableció además que los residuos industriales no especiales y los residuos de construcciones o demoliciones no podrán ser enviados a la CEAMSE sin tratamiento previo.
El problema es complejo porque, por cuestiones geográficas, la ciudad no cuenta con espacio físico para la deposición final de residuos en su territorio mientras que el relleno sanitario Norte III, donde terminan los residuos de la capital y los municipios del conurbano, está al borde del colapso.
Con la situación de fondo irresuelta y con acuerdos parciales entre Macri y Scioli basados en aumentos en el canon que la Ciudad paga por el entierro de su basura, los trabajadores de la CEAMSE bloquean el acceso de camiones al relleno de Punta Lara y a otras cuatro plantas del conurbano en rechazo al presunto proyecto de cierre de las mismas que no contemplaría la continuidad de los 1300 trabajadores.
La medida de fuerza, que paraliza por 48 horas la salida y el ingreso de camiones en los predios del organismo, provoca la acumulación de residuos la Capital y el Gran Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió a través de la vicejefa María Eugenia Vidal que es "casi imposible" implementar en un plazo de un mes la Ley de Basura Cero. Además, Vidal señaló que "en el primer trimestre" del año los porteños generaron un volumen de basura "menor al mismo período de 2011". En el mismo sentido se manifestó el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli al decir: "Seguiremos trabajando como hasta ahora para la reducción de basura, pero haría falta un milagro para que en un mes pueda ocurrir lo que están pidiendo, es muy poco tiempo”.
Cabe recordar que la CEAMSE es una sociedad del estado de carácter interjuridiccional, ya que su capital accionario lo comparte en partes iguales el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la ciudad y la provincia deben ponerse de acuerdo en un tema sensible desde lo sanitario y ambiental para 13 millones de habitantes. Resta saber, además, cual será la reacción de los intereses económicos que manejan las empresas de recolección del área metropolitana.
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