Durante el día de ayer,
mientras la presidenta Cristina Kirchner hablaba por Cadena Nacional desde
General Rodríguez en un acto en el que estaba presente el gobernador Daniel
Scioli, el jefe de Gabinete bonaerense Alberto Perez envió a la Legislatura el
proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley de Emergencia Nacional y
sus prórrogas. Sin embargo, el vicegobernador y titular del senado Gabriel
Mariotto le informó a Pérez, que es "innecesario” un tratamiento
legislativo debido a que la provincia ya se sumó a dicha normativa en 2002.
"Dicho instrumento ya ha sido sancionado por la Honorable Legislatura (ley Nº 12.858) con fecha 28/02/2002, promulgada en idéntica fecha mediante el decreto Nº 402/02 y publicada el 06/03/2002 en el Boletín Oficial Nº 24445", indica textualmente la carta de Mariotto.
Recordemos que según anunció Scioli en su conferencia de prensa del sábado, el gobierno provincial apostaba a la sanción de una Ley de Emergencia Económica provincial, pero el rechazo de los gremios y la falta de apoyo del propio bloque del Frente para la Victoria lo impulsó a anunciar por los medios una “adhesión” a la Ley de Emergencia Nacional.
En este sentido, el artículo segundo del proyecto enviado por Pérez a la Legislatura establece que “la presente ley se aplicará al sector público provincial previsto en el artículo 8º de la ley Nº 13.767, quedando alcanzadas las unidades ejecutoras, los consorcios portuarios y cualquier entidad del sector público provincial de carácter productivo, comercial, financiero o de servicios públicos, aún cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieren una inclusión expresa para su aplicación”. Deja en claro además que “se aplicará a aquellos entes en que el Estado provincial se encuentre asociado con uno o varios municipios. Quedan comprendidos en la emergencia los poderes Legislativo y Judicial”.
En los fundamentos del proyecto del sciolismo para adherir a la Ley de Emergencia Nacional se subraya que “el contexto actual en el ámbito internacional exhibe un agravamiento de la crisis reinante principalmente en Europa, manifestándose en una desaceleración en la tasa de crecimiento de los recursos presupuestarios”. Destaca también que “las posibilidades de financiamiento que fueran autorizadas por la Honorable Legislatura (…) han resultado cercenadas fuertemente debido a la volatilidad financiera internacional”.
Tras la carta con la negativa de Mariotto, desde el sciolismo dejaron trascender a modo de respuesta que la provincia no está adherida a todo el texto de la ley nacional, sino sólo a los artículos 8, 9 y 10 (Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario). Esos apartados, bajo el título "De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público", dan de baja la igualdad entre pesos y dólares para los contratos públicos, autorizan al Ejecutivo a renegociar los contratos afectados y ordenan a las compañías prestadoras de servicios continuar con sus obligaciones.
"Dicho instrumento ya ha sido sancionado por la Honorable Legislatura (ley Nº 12.858) con fecha 28/02/2002, promulgada en idéntica fecha mediante el decreto Nº 402/02 y publicada el 06/03/2002 en el Boletín Oficial Nº 24445", indica textualmente la carta de Mariotto.
Recordemos que según anunció Scioli en su conferencia de prensa del sábado, el gobierno provincial apostaba a la sanción de una Ley de Emergencia Económica provincial, pero el rechazo de los gremios y la falta de apoyo del propio bloque del Frente para la Victoria lo impulsó a anunciar por los medios una “adhesión” a la Ley de Emergencia Nacional.
En este sentido, el artículo segundo del proyecto enviado por Pérez a la Legislatura establece que “la presente ley se aplicará al sector público provincial previsto en el artículo 8º de la ley Nº 13.767, quedando alcanzadas las unidades ejecutoras, los consorcios portuarios y cualquier entidad del sector público provincial de carácter productivo, comercial, financiero o de servicios públicos, aún cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieren una inclusión expresa para su aplicación”. Deja en claro además que “se aplicará a aquellos entes en que el Estado provincial se encuentre asociado con uno o varios municipios. Quedan comprendidos en la emergencia los poderes Legislativo y Judicial”.
En los fundamentos del proyecto del sciolismo para adherir a la Ley de Emergencia Nacional se subraya que “el contexto actual en el ámbito internacional exhibe un agravamiento de la crisis reinante principalmente en Europa, manifestándose en una desaceleración en la tasa de crecimiento de los recursos presupuestarios”. Destaca también que “las posibilidades de financiamiento que fueran autorizadas por la Honorable Legislatura (…) han resultado cercenadas fuertemente debido a la volatilidad financiera internacional”.
Tras la carta con la negativa de Mariotto, desde el sciolismo dejaron trascender a modo de respuesta que la provincia no está adherida a todo el texto de la ley nacional, sino sólo a los artículos 8, 9 y 10 (Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario). Esos apartados, bajo el título "De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público", dan de baja la igualdad entre pesos y dólares para los contratos públicos, autorizan al Ejecutivo a renegociar los contratos afectados y ordenan a las compañías prestadoras de servicios continuar con sus obligaciones.
Tras la negativa de Mariotto, y mientras la corte bonaerense y la legislatura anunciaron el pago del aguinaldo en una sola cuota a sus empleados, se espera la respuesta del gobernador Daniel Scioli que afronta ahora la continuidad de las medidas de fuerza de los estatales que reclaman por su derecho a cobrar en tiempo y forma.
Fuentes: agepeba / Página 12 / infobae.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario