La Comisión Provincial por la
Memoria presentó ayer por la tarde el informe titulado “El
sistema de la crueldad VII” en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata con la presencia del
vicegobernador Gabriel Mariotto, el secretario de Derechos Humanos de la
provincia, Guido Carlotto, intendentes, legisladores, jueces y concejales.
El trabajo expone un total de 7.089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de presos de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura, vejaciones y apremios, falta de atención médica, déficit de infraestructura, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, violaciones y abuso contra mujeres y minorías sexuales. Además, fallecieron en cárceles bonaerenses 126 reclusos, mientras que 5.164 padecieron lesiones a manos de los penitenciarios.
Mariotto, que recibió en mano el documento de 300 páginas que lo llenó de “vergüenza y humillación”, afirmó: “Tenemos que desandar un largo camino y, por eso, todos los bloques venimos a dar respuestas de conjunto. Nosotros nunca hemos cajoneado ninguno de los temas que han llegado. Avanzamos en el mecanismo de la prevención de la tortura, estamos trabajando en la creación de la Policía Judicial y de la Comunal, en la autonomía de la defensa, en nueva ley para la secretaría de enjuiciamiento, otra para el consejo de la magistratura. Son aspectos que hacen a un todo”.
Ante este panorama, el co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, planteó la urgencia de una “decisión política completa” por parte del Estado provincial para motorizar “un cambio de raíz” en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Cañón calificó como “muy significativa” la presencia de Mariotto y explicó que se encuentran trabajando en conjunto sobre “un protocolo facultativo para hacer tareas preventivas”. También celebró que el gobernador Daniel Scioli reconozca que existen torturas, porque “la responsabilidad es esencialmente del Ejecutivo, ya que el Servicio Penitenciario depende del gobernador”.
“Hay un sistema militarizado que corresponde a la época de la dictadura militar y esa matriz se mantiene frente a la inoperancia del poder civil. El informe que hemos presentado le da visibilidad al tema, esperemos que ayude para que se tome conciencia de que se necesita un cambio profundo y que ese cambio nos involucra a todos”, afirmó Cañón junto a Adolfo Pérez Esquivel, con quien comparte la presidencia de la Comisión.
El trabajo expone un total de 7.089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de presos de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura, vejaciones y apremios, falta de atención médica, déficit de infraestructura, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, violaciones y abuso contra mujeres y minorías sexuales. Además, fallecieron en cárceles bonaerenses 126 reclusos, mientras que 5.164 padecieron lesiones a manos de los penitenciarios.
Mariotto, que recibió en mano el documento de 300 páginas que lo llenó de “vergüenza y humillación”, afirmó: “Tenemos que desandar un largo camino y, por eso, todos los bloques venimos a dar respuestas de conjunto. Nosotros nunca hemos cajoneado ninguno de los temas que han llegado. Avanzamos en el mecanismo de la prevención de la tortura, estamos trabajando en la creación de la Policía Judicial y de la Comunal, en la autonomía de la defensa, en nueva ley para la secretaría de enjuiciamiento, otra para el consejo de la magistratura. Son aspectos que hacen a un todo”.
Ante este panorama, el co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, planteó la urgencia de una “decisión política completa” por parte del Estado provincial para motorizar “un cambio de raíz” en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Cañón calificó como “muy significativa” la presencia de Mariotto y explicó que se encuentran trabajando en conjunto sobre “un protocolo facultativo para hacer tareas preventivas”. También celebró que el gobernador Daniel Scioli reconozca que existen torturas, porque “la responsabilidad es esencialmente del Ejecutivo, ya que el Servicio Penitenciario depende del gobernador”.
“Hay un sistema militarizado que corresponde a la época de la dictadura militar y esa matriz se mantiene frente a la inoperancia del poder civil. El informe que hemos presentado le da visibilidad al tema, esperemos que ayude para que se tome conciencia de que se necesita un cambio profundo y que ese cambio nos involucra a todos”, afirmó Cañón junto a Adolfo Pérez Esquivel, con quien comparte la presidencia de la Comisión.
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