La Corte Suprema de Justicia le ordenó al juez federal de Quilmes
Luis Armella que explique en un plazo de cinco días si son ciertas las
irregularidades señaladas en un artículo periodístico sobre su actuación en el
saneamiento de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
La decisión de la Corte fue adoptada a raíz del artículo publicado en el diario Página 12 del domingo en el que el periodista Horacio Verbitsky denunció que el magistrado ordenó "obras complejas en plazos perentorios", benefició con "contratación directa" a empresas vinculadas con sus familiares y "clausuró empresas competidoras".
La nota firmada por Verbitsky sostiene textualmente que "el enorme poder
que la Corte Suprema
de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para
ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo
de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios
sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella
debe supervisar".
Según el artículo, la operatoria respondería a una secuencia en la que "el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la ACUMAR (Autoridad de Cuenca, el organismo encargado de llevar a cabo las obras) elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena".
Ahora, la Corte encargó a la Auditoría General de la Nación que realice una investigación pormenorizada.
Mientras ya hay rumores sobre defensores y detractores de Armella al interior del máximo tribunal, fuentes judiciales recuerdan que la causa es compleja y que no ha habido quejas ni de la ACUMAR ni de los intendentes. Resta esperar la respuesta del magistrado, que viene llevando adelante una causa en la que los intereses económicos y políticos no están ajenos.
La decisión de la Corte fue adoptada a raíz del artículo publicado en el diario Página 12 del domingo en el que el periodista Horacio Verbitsky denunció que el magistrado ordenó "obras complejas en plazos perentorios", benefició con "contratación directa" a empresas vinculadas con sus familiares y "clausuró empresas competidoras".
La nota firmada por Verbitsky sostiene textualmente que "el enorme poder
que la Corte Suprema
de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para
ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo
de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios
sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella
debe supervisar". Según el artículo, la operatoria respondería a una secuencia en la que "el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la ACUMAR (Autoridad de Cuenca, el organismo encargado de llevar a cabo las obras) elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena".
Ahora, la Corte encargó a la Auditoría General de la Nación que realice una investigación pormenorizada.
Mientras ya hay rumores sobre defensores y detractores de Armella al interior del máximo tribunal, fuentes judiciales recuerdan que la causa es compleja y que no ha habido quejas ni de la ACUMAR ni de los intendentes. Resta esperar la respuesta del magistrado, que viene llevando adelante una causa en la que los intereses económicos y políticos no están ajenos.
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